Watchmen: entre la libertad y la seguridad pública

Watchmen

Soledad Platero
13.06.2012

La seguridad pública no es un asunto que admita flaquezas. Por eso, seguramente, la policía no tuvo empacho en irrumpir hace algunos días en la casa de una familia, matar al perro, poner de cabeza cajones y armarios y llevarse dinero y otros objetos de valor. Buscaban droga, pero no la encontraron porque se habían equivocado de domicilio.

El procedimiento fue escandaloso justamente por eso: por injustificado. El joven matrimonio dueño de casa quiso denunciar el abuso y fue demorado durante más de dos horas en los calabozos de una comisaría, sin explicaciones y sin que se le reconociese siquiera el derecho a hacer una llamada.

Por supuesto, el día que los hechos se hicieron públicos toda la prensa los difundió. Después no se supo más, pero es de suponerse que la investigación sigue por los carriles correspondientes. Lo que nadie se preguntó es si esa modalidad de trabajo policial -que en este caso mostró ser inadecuada porque ocurrió en el lugar inadecuado- es la que estamos dispuestos a admitir como aceptable o necesaria en nombre de la seguridad pública.

Supongamos que en lugar de haberse equivocado de casa los funcionarios llegaban a la casa correcta (esto es: a la casa que se sospecha guarida de delincuentes). ¿Habría sido aceptable, en esa hipótesis, forzar la reja, matar al perro, dar vuelta la casa y llevarse plata, filmadora, zapatos y anillos?

No me cabe duda de que la respuesta a esto mencionará cuestiones como la existencia de una orden judicial, una investigación previa que permite creer, con un margen importante de certeza, que la irrupción es necesaria, etc. Pero la pregunta no es relativa a la legalidad del procedimiento, sino al establecimiento de su legitimidad a nivel social.

Ayer mismo, o hace unos pocos días, el gobierno de los Estados Unidos le hizo saber al de Pakistán que ya no seguirá negociando para recuperar la ruta de abastecimiento de las tropas de la OTAN a través de territorio pakistaní. El mensaje es claro: no hay nada que negociar. Pakistán se empecinó en cortar esa ruta luego de que un ataque aéreo de los Estados Unidos matara por error a 24 soldados pakistaníes en la frontera. Luego de ese error, se cometieron otros, que Pakistán denunció sistemáticamente -aunque algunos creen que sin demasiada convicción.

Aviones no tripulados de los Estados Unidos matan civiles casi diariamente en las regiones de Pakistán, Afganistán y Yemen en las que se supone que hay terroristas de Al-Qaeda. Son daños colaterales en una cruzada cuyo objetivo es el bien mayor: la seguridad pública.

También en estos días el discurso en torno a la situación en Siria cambió discretamente. El problema dejó de ser la libertad para ser la seguridad. Lo que durante más de un año se presentó al mundo como una batalla entre los activistas de la democracia y un gobierno despótico y salvaje, ahora es una guerra civil en la que los intereses tribales pasan a primer plano.

En un escenario como ese, en el que ya no se dirimen asuntos de política interna (que es lo que ocurre cuando un pueblo resiste una dictadura) sino de seguridad ciudadana, las posibilidades de que las fuerzas pacificadoras de Occidente entren a sangre y fuego son cada día más altas.

Es interesante ver el desplazamiento que se produce cuando se deja de hablar de libertad (un concepto que alberga en sí mismo el anticuerpo contra la intervención) y se empieza a hablar de seguridad (palabra que, al contrario, connota la necesidad de pedir protección). La sola mención a la inseguridad, acá o en Islamabad, habilita la intervención de la fuerza pública aun al precio de un perro muerto, nueve niños muertos, cientos de inocentes muertos. Pero además, la brutalidad de los daños colaterales hace que pasemos por alto detalles insignificantes como la pérdida de todos los derechos y garantías de los criminales. Es decir: la inclusión en la categoría “criminales” amerita automáticamente la suspensión previa de todas las garantías, sin que sea necesario probar, en modo alguno, que la persona física que está siendo capturada o asesinada pertenece, efectivamente, a esa categoría. En semejantes condiciones es impensable recordar que durante algún tiempo se creyó que aun los criminales confesos o probados tienen derechos.

Pero desplazar el fundamento legitimador desde la idea de libertad hacia la de seguridad no sólo termina drásticamente con cuestiones tales como los derechos individuales y las garantías jurídicas, sino que instala una nueva forma de ser en sociedad. Porque la idea de libertad (de emancipación, de liberación) suponía un tránsito que iba de la vida tutelada (de la infancia) a la vida autónoma (del adulto), mientras que la idea de seguridad supone un recorrido inverso: el abandono de la confianza en nuestras propias fuerzas y la entrega a la custodia de quienes puedan protegernos. Algo bastante más serio que la mera pérdida de derechos individuales.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s