Compulsión pública e internación compulsiva, Soledad Platero

Compulsa pública e internación compulsiva

Soledad Platero

13.07.2012

Con ese sentido de la oportunidad que sólo las empresas encuestadoras saben tener, Cifra anunció que, según los resultados de su último relevamiento, el 66% de la ciudadanía estaría en contra de la legalización de la marihuana.

Pocos días antes el presidente Mujica había dicho que si la iniciativa no contaba con el respaldo de al menos un 60% de la población, el gobierno se iba “al mazo”. La forma en que el presidente Mujica se refirió al asunto ya dejaba claro que la última palabra en todo esto la tendrían las encuestadoras, porque una ley que ni siquiera ha sido presentada como proyecto no puede ser respaldada ni rechazada por un porcentaje de la población de ningún otro modo que no sea el que habilitan las encuestas.

Porque Mujica no dijo “la mayoría”, ni “el pueblo”, ni “la opinión pública”. Dijo “el 60%”, y en ese detalle está implícita la forma de participación ciudadana que el presidente está dispuesto a escuchar. No escuchó a los especialistas, ni a los defensores del autocultivo, ni a los organismos internacionales, ni a los cientos de uruguayos que han manifestado su opinión, a favor y en contra de la legalización, desde hace años. Y si los escuchó, no lo dijo. Pero está dispuesto a escuchar lo que dicen las encuestadoras. Hace una elección práctica (darle el gusto a un porcentaje alto de ciudadanos) en desmedro de una decisión política.

Gobernar de acuerdo a una presunta voluntad popular monitoreada por las empresas encuestadoras sería bastante cómodo. Ya algún político norteamericano se atrevió a sugerir su conveniencia: se ahorra en parlamentarios, en jerarcas de gobierno y en técnicos, y se hace la voluntad que una mayoría silenciosa expresa a través de procedimientos discretos y rápidos como el voto electrónico.

Y así como hoy se suspende la legalización de la marihuana, mañana se podría implantar la pena de muerte. Alcanzaría con que un porcentaje aceptable de encuestados se manifestara a favor.

El asunto es que en un sistema político republicano, no se vota al gobierno ni a los parlamentarios para que ejecuten las políticas públicas a partir de encuestas de opinión. Por el contrario, lo que se espera de los representantes, tanto de los que están en el gobierno como de los que están para hacer las leyes, es que sostengan su posición y sus decisiones políticas incluso a costa de ciertos réditos electorales. Que muestren la voluntad y la sabiduría de escuchar a los que saben sobre los distintos asuntos, pero que tengan además la capacidad de decidir, y de sostener su decisión.

Cuando se anunció el famoso paquete de medidas del que la legalización de la marihuana formaba parte, muchos consideramos que lo mejor que tenía era que salía al cruce de los reclamos de mano dura hechos por ciertos sectores. Que mostraba una voluntad de responder a temas tan difíciles como los de la violencia y el delito de un modo integral, sin dejarse arrastrar por el grito de la tribuna.

Sin embargo, poco después se anunció el proyecto de internación compulsiva de adictos (presentado al parlamento por “iniciativa personal” del presidente Mujica) y ahora se puede deducir que, vistos los porcentajes que manejó la encuestadora Cifra, de legalización ni hablamos.

El presidente, mostrando un envidiable conocimiento del tema, aclaró hace algunos días que “no hay que confundir drogadicción con narcotráfico”. Y sí. Una tía mía decía que no había que confundir gordura con hinchazón, y también estaba en lo cierto. Pero resulta que discutir la legalización de la marihuana en términos de drogadicción y narcotráfico supone dejar afuera a mucha gente.

Por otro lado, no cuesta mucho imaginar el escenario delirante en el que vamos a vivir una vez que se establezcan los procedimientos de internación compulsiva de adictos. Porque es obvio que en un mundo en el que lo que no es narcotráfico, es drogadicción, no habrá consumidor que no esté en riesgo de ir a parar o a la cárcel o a la clínica. Una medida muy inteligente, considerando la cantidad de espacio disponible que hay en los sistemas penitenciario y de salud.

En suma, el prometedor paquete de medidas para la convivencia parece irse decantando hacia la peor de sus posibilidades: un Estado vigilante y sanitarista que se siente conminado a intervenir en la vida de sus ciudadanos en nombre del “bien público”, ese misterio insondable, esa abstracción que justifica abusos y atropellos de todo tipo y que coloca en un lugar de irresponsabilidad civil (aunque no penal) a sus tutelados.

Pero lo peor de todo es el oportunismo. Lo peor de todo es no hacerse cargo ni siquiera del precio de las decisiones. Lo peor de todo es hacer las cosas mal y a los ponchazos, pero con la excusa de que así lo pidió la mayoría. Una forma de ejercer el poder que está lejos de respetar las formas jurídicas, pero está todavía más lejos de entender lo que debería ser la política.

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