Al enemigo: interno (sobre la internación compulsiva), Leandro Grille

Al enemigo: interno

de Leandro Grille, el Martes, 17 de Julio de 2012 a la(s) 11:28 ·

El proyecto de ley mediante el cual se autorizaría la internación involuntaria de las personas que presuntamente hayan consumido drogas o lo estén haciendo o por hacer es francamente repugnante. No responde a ningún tipo de criterio médico, aunque se recurra a grotescas homologías con las enfermedades infecciosas y de ello da cuenta la propia condición de ‘peligro’ que se exige para el procedimiento de internación, el que, por supuesto, quedará al leal saber y entender del Policía -o grupo de tareas- que lo ejecute. Es decir, a merced de la pura discrecionalidad.

 

En Uruguay existe desde 1936 una ley del psicópata (ley 9.581) que habilita la internación compulsiva de las personas con enfermedades psiquiátricas, tanto por indicación médica como por disposición judicial o policial, siempre y cuando se cumplan determinados extremos, entre los que se encuentra en ciertos casos la conformidad de los familiares (cuando la internación de produce por indicación médica) y, en todos, una certificación de la enfermedad independiente firmada por dos médicos. En esa ley, el artículo 20 expresa que “la admisión urgente por disposición policial con fines de observación del presunto enfermo, sólo podrá hacerse en los casos de alienación mental que comprometa el orden público. Será dispuesta por autoridad policial y tendrá lugar cuando a juicio de un médico el enfermo se halle en estado de peligrosidad para sí o para los demás”. Existe además un decreto ley de la dictadura de 1974, cuyo artículo 40 también se encuentra vigente y muestra un texto con peligrosas similitudes con el ahora propuesto por el Poder Ejecutivo. En ese artículo que es básicamente el mismo que el ahora enviado al Parlamento, un médico debe realizar un “examen” del cual podría surgir el diagnóstico de “drogadicto” y de ahí en más se puede proceder conforme a la ley del 36, porque el diagnóstico se correspondería con el de una enfermedad psíquica.

 

En suma, la ley uruguaya permite internar compulsivamente a los enfermos psiquiátricos bajo algunas condiciones, y además prevé la adicción a las drogas como una enfermedad de este tipo, si hay médicos que lo diagnostiquen, por lo que con la legislación actual tanto los médicos como los jueces pueden ordenar la internación involuntaria de una persona, siempre que ésta tenga algún sentido, el que expresamente “sólo podrá ser un medio de tratamiento y nunca de privación correccional de la libertad” (art. 15 ley 9.581).

 

Si en Uruguay existen leyes que permiten este tipo de procedimientos de internación de los adictos, ¿por qué no se producen habitualmente? Es una pregunta legítima que podemos hacernos como ciudadanos. Pero la respuesta es completamente evidente si nos lo detenemos a pensar. La internación compulsiva de consumidores de drogas es poco frecuente porque es poco frecuente que se cumplan los requisitos y, en particular, que se encuentren los médicos que la indiquen, ya que la mayoría de los profesionales que se dedican a estas cosas no la conciben como el medio adecuado para el tratamiento, sobre lo cual hay literatura infinita, experiencias por todo el mundo, y casi unanimidad en el ámbito de los especialistas.

 

Si en Uruguay existen estas viejas leyes, ¿para qué podría servir esta nueva ley que se propone? Otra pregunta de lo más razonable que podemos hacernos, pero cuya respuesta no es tan evidente. Desde mi punto de vista, la nueva ley se fundamenta en la sustitución del conocimiento científico acumulado a lo largo de la historia, por la intuición y los prejuicios de los que promueven la norma. Todo esto hecho, además, en un marco que inscribe la internación compulsiva dentro del conjunto de dispositivos e iniciativas propuestas para atender la seguridad pública, homologando el consumo de ciertas drogas a la delincuencia (estigma) y trasladando el peso de la internación desde lo sanitario a lo puramente reclusivo, lo que además de ostensiblemente violatorio de los derechos humanos, probablemente es inútil tanto para la recuperación de adictos como para la disminución de la criminalidad.

 

La propuesta presentada hace algunas semanas de legalización de la marihuana, que todavía debe ser aprobada e implementada, es una valiente iniciativa que perjudicará fenomenalmente el narcotráfico y permitirá que la gente que lo desee pueda consumir marihuana sin tener necesidad de recurrir a un circuito clandestino y muy jodido. Sin embargo es completamente absurdo que, simultáneamente, se envíe un proyecto que permite la conducción policial de las personas que se encuentren consumiendo un estupefaciente o en posesión, simplemente porque el policía de turno considere que ello representa un peligro para sí mismo o para el resto, lo cual ambienta todo tipo de arbitrariedades que, lejos de ser la excepción, serán la norma.

 

Peligroso. Inútil para lo que se propone, contradictorio con la mayoría de las medidas propuestas en el documento “Estrategias por la vida y la covivencia”, y en buena parte redundante con la normativa vigente, cuando no copia expresa. Ambienta la arbitrariedad, estigmatiza y confunde un procedimiento médico con un instrumento penal. En definitiva, el proyecto presentado por el Ejecutivo es un proyecto que, pese a las buenas intenciones que seguramente lo inspiren, vamos a lamentar por mucho tiempo, si se aprueba.

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