Esos chicos son como bombas pequeñitas, Soledad Platero

Esos chicos son como bombas pequeñitas
por Soledad Platero

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Aunque llegan en forma dispersa, las noticias relativas a la seguridad pública han aumentado su presencia en los medios ya no sólo en la forma habitual de recuento de hechos de violencia (por lo general, orientada a la que los delincuentes ejercen sobre los desprotegidos ciudadanos) sino con la irrupción de información sobre los sistemas punitivos y los resultados de su aplicación. En las últimas semanas se ha oído hablar de la situación de los menores custodiados por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), de la conveniencia o no de defender la negativa a bajar la edad de imputabilidad penal, de la reducción de daños que significó terminar con las fugas de menores recluidos por orden judicial y de los resultados obtenidos en los barrios en los que se lleva adelante el plan Siete Zonas. A todo esto podrían agregarse las denuncias, realizadas por policías, de agresiones contra seccionales policiales, en las que se mezcla peligrosamente el reclamo sindical de más personal y mejor equipamiento con la defensa aproblemática y naturalizada de la comisaría como un territorio que debe ser protegido como un fortín instalado en campo enemigo.

La idea de que habitamos un espacio hostil en el que podemos ser atacados en forma brutal e inmotivada en cualquier circunstancia atraviesa prácticamente todos los planos de nuestra vida y es parte de un fenómeno que cientistas sociales, filósofos y teóricos de las más diversas disciplinas humanísticas han repasado una y otra vez. Son numerosos los trabajos orientados a exponer los muchos modos en que la prevención y el control trabajan para mantenernos dentro de la ficción de un blindaje que tanto nos sirve para zafar de un ACV o una gripe común como para evitarnos un mal rato si andamos de noche por una calle oscura. Expresiones como “biopoder”, “medicalización de lo social”, “judicialización de lo político” y tantas otras dan, con enfoques y alcances diversos, cuenta de una tendencia cuyo sustento común es el horror a que nuestro cuerpo (y sus extensiones: nuestro auto, nuestra casa, nuestro país) sea vulnerado en cualquier forma.

En medio de este cuadro, no es raro que las respuestas a la sensación de vulnerabilidad tengan siempre un sesgo prevento-represivo y que se sustenten en un discurso que procura envolver incluso las intervenciones de carácter “social” en el marco teórico de la prevención de males futuros. Así, alimentar, contener y educar a los pobres (o a los que nacen en contexto crítico, para decirlo en términos más cercanos a los usados en el discurso institucional) se ofrece como un modo de evitar que esos hijos de la desidia social terminen volviéndose contra sus victimarios. O, dicho de otro modo, que terminen rapiñando taxis o vejando ancianas para hacerse de un botín muchas veces insignificante.

Los menores infractores son la carnadura más perfecta para el horror social a la violencia sin sentido. Como los terroristas islámicos (ese Otro de lo occidental que no podemos ni siquiera empezar a descifrar) o los virus de diseño, los pibes chorros constituyen la contracara absoluta y opaca de una sociedad que aspira a contar con salvaguardas contra cualquier riesgo y que suele buscarlas en la figura fuerte de la autoridad, constituida por lo general por vigilantes armados.

Una información que circuló hace unos pocos días daba cuenta de la relación obvia entre la disminución de las fugas de menores recluidos por orden judicial y el descenso de las rapiñas cometidas por menores. En defensa de la gestión de Ruben Villaverde al frente del Sirpa, el defensor de menores Daniel Sayagués decía a El Observador que el descenso en el número de menores procesados por rapiña en 2012 en relación con 2011 “se debió exclusivamente a que se frenaron las fugas, y dejaron de reincidir, ya que las demás variables se mantuvieron constantes de un año al otro”.

Por otro lado, la divulgación, esta semana, de los resultados del plan Siete Zonas, a apenas seis meses de su inicio, muestra también una disminución importante de los delitos cometidos en los barrios que lo integran, lo que parece indicar que a más intervención del Estado (el Siete Zonas combina la presencia policial con otras formas de intervención “en el territorio” que incluyen atención a madres, niños, jóvenes y referentes sociales, de diversas maneras), menos riesgo de violencia desatada.

La línea que va de la actuación prevento-represiva a la disminución del delito es tan clara, tan diáfana, tan aproblemática que parece llegar para confirmar que los reclamos de mano dura e imposición decidida de la autoridad están en lo cierto, y que cualquier otra consideración no deja de ser una forma más del viru viru al que siempre nos arrastran los intelectuales, los “panza” (la adorable expresión pertenece al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro), los que ponen palos en la rueda y no entienden que lo importante es, antes que nada, hacer.

Hace bastante más de una década, el connubio esperable entre el discurso de la burocracia internacional de la cooperación y las organizaciones de la sociedad civil que dependían de sus aportes para poder funcionar comenzó a imponer la deliciosa idea de la territorialidad como horizonte y suelo –simultáneamente– de las buenas prácticas de intervención social. Las pautas para obtener fondos para cualquier proyecto de cooperación (en tiempos en que la crisis económica hacía desesperante la necesidad de estos recursos) eran implacables en ese aspecto: cualquier programa debía desarrollarse “en el territorio”, y esa instrucción debía ser entendida del modo más literal posible. Actuar en el territorio implicaba localizar geográficamente a los beneficiarios, explicar cómo se verían favorecidos en relación –claro– con su enclave territorial (esto muchas veces se justificó mediante apelaciones a la reconstrucción del tejido social, a la creación de valores comunitarios, etcétera) y detallar las formas en que los resultados obtenidos podrían ser medidos con claridad (tantos niños se inscribieron en la escuela, tantas madres participaron en talleres, tantos encuentros se llevaron adelante). La idea de que en los territorios habitaban seres en condiciones ya no de injusticia, sino de vulnerabilidad, colaboraba para que todo tuviera el aire infantilizador que siempre requieren las intervenciones institucionales.

A esta altura, la imposición de la territorialidad como marco inobjetable de cualquier propuesta que apunte a mejorar la sensación de seguridad de la población ya no parece tener marcha atrás. Sea con la mano dura de la represión (o la prevención que se ejerce mediante vigilancia y control) o con la mano blanda de la asistencia social, los habitantes de la ciudad somos protegidos del peligro como si fuéramos, todos, menores en situación de riesgo. No hay adultos responsables en el escenario desolado y árido de la mera supervivencia en el territorio. Hay víctimas y victimarios potenciales (todos niños) y brazos largos (o gordos) de la autoridad que se encargan de proteger el parvulario.

En este escenario, la empecinada consigna que dice No a la baja puede y debe ser entendida, paradójicamente, como un último bastión de resistencia conceptual. Clavada como un límite concreto en el laxo campo de lo territorial absoluto, la decisión de no ceder a la idiotez (a la inmoralidad) de cambiar el ordenamiento jurídico a costa de los adolescentes se planta antes que nada como declaración de principios: no podemos caer en una medida tribunera, ineficaz, inconducente y perversa, y mucho menos podemos mostrarnos prescindentes o distantes porque, a fin de cuentas, los números muestren que los menores se están portando mejor. Efectivamente, es probable que los delitos cometidos por menores hayan descendido como consecuencia de que los menores delincuentes están mejor custodiados. Es una obviedad semejante a esa que dice que muerto el perro se acabó la rabia. También es probable que la atención focalizada en tal o cual zona suponga un cambio cualitativo en las condiciones de vida en esa zona. Son verdades, claro, pero verdades de Perogrullo. Siguen sin exponerse otras verdades que tienen que ver con las causas profundas de una descomposición social que nos condujo irreparablemente a la ficción de la territorialidad y la guerra como discurso hegemónico y sin las que será muy difícil sostener un proyecto colectivo que aspire a la justicia y la emancipación.

* Publicado en Caras y Caretas el 25 de abril de 2014

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