Uruguay: el maltrato de una empresa agrícola a sus trabajadores.

Nota inicial: El 5 de mayo de 2017 fue incendiada intencionalmente la carpa que los trabajadores de la empresa agrícola uruguaya Molino Arrozal 33 habían instalado en el curso de un paro con reclamaciones de mejores condiciones de trabajo. La foto es elocuente al respecto. El artículo que viene a continuación explica la intervención del estado uruguayo en relación a esta empresa, que padece una serie de irregularidades.

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MTSS multa a Arrozal 33 e intima a cumplir normas de seguridad laboral
08 • mayo • 2017 Cecilia Álvarez, La Diaria.
Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/5/mtss-multa-a-arrozal-33-e-intima-a-cumplir-normas-de-seguridad-laboral/

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), tiene tres expedientes abiertos sobre la empresa Arrozal 33, del departamento de Treinta y Tres. Los trabajadores -a quienes el jueves les incendiaron el campamento sindical- han denunciado en reiteradas oportunidades a la arrocera por incumplir normas de seguridad laboral. A fines de abril, la IGTSS impuso una multa por 50 unidades reajustables (unos 50.000 pesos) por no haber cumplido una intimación previa que obligaba a la empresa a realizar el traslado del personal en vehículos que cumplan con la normativa vigente, informó a la diaria el inspector general del Trabajo, Gerardo Rey. Según denunciaron los trabajadores en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, los traslados se hacen en la caja de camionetas doble cabina, “sin ningún tipo de agarradera”, lo que ha generado varios accidentes. Richard Olivera, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) y delegado sindical en Arrozal 33, contó en la comisión que durante uno de los traslados una trabajadora, de 18 años, “cayó y se lastimó toda. Y el ingeniero en jefe -ahora no está- , le dijo: ‘No te voy a llevar nada al doctor; quedate ahí’. Tuvo que venir el padre de la muchacha de su casa para llevarla al doctor. No pasó nada y todo quedó impune. Un compañero también cayó desde una camioneta y [el ingeniero] le dijo: ‘Vos te caíste de la camioneta por venir de mano suelta’, pero no es así. Vamos unos agarrados de los otros para poder llegar al trabajo. Se está incumpliendo todo”. Según contó Rey, se intimó a la empresa a corregir las condiciones de traslado del personal, la empresa pidió una prórroga para cumplir, que se le dio, “se concurrió nuevamente y se verificó que no había cumplido, y se colocó la multa”. La intimación a regularizar la situación sigue pendiente.

Otras de las intimaciones que tiene pendiente la empresa refieren a la entrega de agua potable a los trabajadores, a la capacitación en primeros auxilios y planes de evacuación, al estado de las viviendas (en tierras de la empresa hay un pueblo conformado donde viven parte de los trabajadores) y a la presentación y aplicación de un plan de mantenimiento de la maquinaria. Este último punto es uno de los reclamos de los trabajadores que se hicieron carne recientemente: el jueves 27 de abril una máquina cosechadora se incendió cuando estaba en pleno funcionamiento. “El operario se salvó porque se tiró”, contó a la diaria César Rodríguez, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores y Rurales y Afines (UNATRA). El accidente también fue denunciado ante la IGTSS, pero no hubo una nueva visita, lamentó Rodríguez.

En la comisión, Rodríguez había contado que de un lote de diez u 11 equipos de maquinaria, se constató que sólo uno de ellos “cumplía más o menos” con las condiciones de seguridad. “Los nueve o diez restantes no tenían ningún tipo de protección en toma de fuerza de tractor, en cardán, en transmisiones con cadena; así están operando. Los trabajadores trabajan en descarga de arroz en altura, con polvillo, sin ningún tipo de protección personal: sin lentes, sin máscara, sin casco. Venimos denunciando esta situación en la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo] hace más de dos años y medio. Tenemos problemas en todo el sector arrocero, pero esta empresa tiene un comportamiento crónico en cuanto a irregularidades”.

Además, Olivera dio detalles en la comisión sobre otros accidentes laborales que ocurrieron en la empresa. “Al Beto, un compañero mío, lo agarró un cardán -hasta ahora me duele- y le arrancó el brazo. El hombre decía: ‘No es nada, gurises; estoy bien. Ustedes quédense tranquilos que estoy bien’. Tenía 20 y pocos años el muchacho. Decía: ‘No pasó nada; yo estoy bien’, y le llevaban a un lado el brazo y la mano. A las pocas horas, falleció”. “A un primo hermano mío también lo agarró un cardán y lo lastimó todo; le molió toda la parte superior del cuerpo. Fue exprimido contra el fierrerío de los cardanes”. “A un compañero lo agarró un sinfín de la cosechadora y lo ahorcó; estaba solo en la chacra”. Marcelo Amaya, dirigente del SUTAA y UNATRA, explicó ante los legisladores el impacto que pueden tener los cardanes en accidentes: “A nosotros se nos erizan los pelos porque sabemos lo que sucede cuando algún cardán manotea a una persona. Eso trabaja a 540 revoluciones por minuto y no hay forma de que un trabajador se salve si el cardán le manotea la ropa. Puede arrancarle el brazo, una pierna o, en el primer golpe, matarlo. Es más grave aun que esto siga ocurriendo en la empresa, según comentan los trabajadores, por la cantidad de accidentes que ha habido”.

Sin tarjeta

En la Comisión de Legislación del Trabajo los dirigentes sindicales también denunciaron otros hechos. Por un lado, que los trabajadores reclaman la instalación de un tarjetero electrónico para marcar la hora de entrada y salida, pero la empresa se niega. Lo reclaman porque actualmente apuntan sus horarios en papel, lo que puede ser borrado por “mandos medios” de la firma. “La empresa se niega a ponerlo, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] acepta su fundamento y no le exige su colocación. La empresa dice que no tiene lugar donde poner el tarjetero, pero estamos hablando de una ciudad; hasta se puede elegir dónde colocarlo. Hay porteros y hasta un destacamento policial dentro de la empresa. Se han hecho varias inspecciones y se ha podido constatar que hay lugar donde instalar el tarjetero”, explicó Amaya en la comisión.

El otro hecho reciente que denuncian los trabajadores es el despido del padre de uno de los delegados sindicales de la empresa. De hecho, reclaman su reintegro, porque el trabajador hacía 15 días que había vuelto de una licencia médica por una afección cardíaca compleja, lo que configura un hecho “arbitrario, y por fuera de los plazos”, informó Rodríguez. Estos temas estarán sobre la mesa de negociación que tendrán los trabajadores y la empresa el miércoles en la Dinatra. En este contexto, también influye el incendio que sufrió la carpa sindical que los trabajadores habían dejado instalada tras 14 días de paro. Si bien se hizo la denuncia policial, los sindicalistas no han tenido novedades de la investigación, ni han sido llamados a declarar.

El diputado Daniel Placeres (Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio), presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, concurrió a Arrozal 33 y en diálogo con la empresa llegaron a un preacuerdo que permitió que los trabajadores levantaran un paro que llevaba 14 días. En aquel entonces, a mediados de abril, se acordó el reintegro de dos delegadas sindicales y el levantamiento de una sanción que habían tenido por concurrir a una asamblea de la UNATRA, y la instalación de una mesa de negociación para discutir cuestiones salariales y condiciones de trabajo. El 19 de abril, ante las denuncias de los trabajadores, los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo acordaron hacer una visita a la empresa, que se coordinará esta semana. “El gran problema que hay es que el MTSS debería tener más presencia en la parte de seguridad laboral. Son zonas muy alejadas, muy aisladas, y una presencia asidua del MTSS ayudaría cuando se hacen acuerdos o denuncias”, opinó Placeres. Rey aseguró que en los últimos dos años y medio hubo “varias inspecciones” en la empresa, y que ha recibido varias intimaciones y multas, aunque todavía no se llegó a la clausura preventiva, otra de las potestades de la IGTSS. En general, es “una empresa de incumplimiento”, opinó.