América Latina: Nuevas tácticas para derribar gobiernos.

América Latina siglo XXI: manual para el golpe de Estado
Por:
Marcos Roitman Rosenmann*

religion

El primer manual escrito sobre los golpes de Estado fue escrito en 1639, por el francés Gabriel Naudé. Pero al contrario de lo que hoy entendemos como golpe de Estado, es decir una acción pueril destinada a romper el orden constitucional por la fuerza, en sus páginas se deja entrever su lado positivo. Un mecanismo extremo utilizado por el príncipe, para salvaguardar su poder: “Los golpes de Estado son acciones audaces y extraordinarias que los príncipes se ven obligados a ejecutar en el acometimiento de las empresas difíciles y rayanas en la desesperación, contra el derecho común y sin guardar ningún orden ni forma de justicia, arriesgando el interés de los particulares por el bien general”. Una situación extraordinaria, una solución extrema, eso sería el golpe de Estado. Una alternativa, cuya legitimidad se encuentra en la definición misma del poder. Además, posee una característica que acompaña hasta hoy los golpes de Estado, ocultar las maniobras destinadas a producirlo. No es conveniente airar las intenciones, en cuanto ello supone alertar, prevenir y contrarrestar sus fines. “Los golpes de estado encierran, sin embargo, la misma justicia y equidad que atribuimos a las ‘máximas y a la ‘razón de Estado’, aunque en estas si esté permitida su publicación antes de ponerlas en práctica, mientras que la regla principal de los “golpes” es mantenerlos en secreto hasta su término” [1].

Hoy, diríamos que Naudé nos sitúa ante los denominados autogolpes. Maniobras socorridas para despejar el horizonte de enemigos políticos bajo la acusación de conspiración [2]. En este sentido, Naudé describe el conjunto de dispositivos del poder para el mantenimiento de la gobernabilidad, agotadas el resto de vías, el golpe de estado es la opción: “es menester retardar o cuando menos, no precipitar este tipo de ejecuciones, masticarlas y rumiarlas en el espíritu, traer a la imaginación todos los posible medios para esquivarlas y, si no puede ser, suavizarlas y hacerlas llevaderas”[3]. Esta vertiente de los golpes de Estado será cuestionada en el siglo XIX. En adelante serán considerados una excrecencia del poder, un acto espurio, condenable, ilegítimo y violento.

Durante el siglo XX, los golpes de Estado, sin excepción, serán repudiados y sus hacedores maldecidos. La imagen de golpistas se adhiere a una visión despectiva donde las fuerzas armadas y sus mandos se convierten en los protagonistas. Sin la anuencia de los institutos armados era casi imposible llevarlos a cabo. Tal circunstancia venía determinada por las características de la institución militar: poseer un comando centralizado, asumir una jerarquía única, dotarse de un alto nivel de disciplina interna, desarrollar técnicas de intercomunicación capaces de organizar y lograr objetivos en corto espacio de tiempo y constituir un espíritu de cuerpo solidario y autosuficiente. En América latina, solo en el siglo XX, se produjeron un total de 325 golpes de Estado, sin contar las intentonas, fracasos, ruidos de sables o invasiones. Un siglo de golpes de Estado donde las fuerzas armadas fueron sus únicos protagonistas [4].

Sin embargo, el Estado se doto de mecanismos para impedir una deriva autoritaria contraria al marco constitucional. Sobre la base de la división de poderes y buscando contrapesos, nacen las llamadas salidas constitucionales. Más allá de la figura jurídica, se trata del control ejercido por el poder legislativo y judicial sobre el ejecutivo. Hablamos del juicio político, la moción de censura o el referéndum revocatorio o impeachment. En América latina es de reciente incorporación al orden constitucional, y no todos los países lo han integrado a su carta magna. Esta fórmula, puede ser manipulada, desvirtuándose el espíritu del legislador. En América latina, en lo que va de siglo XXI, tres países han sido víctimas de los golpes constitucionales, Honduras, Paraguay y Brasil. Lo cual no es contradictorio con impulsar golpes y procesos desestabilizadores a la vieja usanza, Venezuela sin ir más lejos. Las clases dominantes no han cejado en su empeño por desbancar gobiernos progresistas, populares, democráticos e incómodos, mediante fraude de ley, procesos desestabilizadores, aunque no siempre han logrado su objetivo, siguen intentándolo. Sin mayorías cualificadas, dicha opción se esfuma, volviendo a los golpes de Estado tradicionales.

Hoy hablamos de golpes blandos, su objetivo: alterar el orden democrático y romper la voluntad popular refrendada en las urnas. Cuando un juicio político se construye mintiendo, presenciamos una figura jurídica conocida como abuso del derecho y por eso el apelativo de ser un golpe de Estado blando, suave o no violento.

Tras el fin de la guerra fría, en América latina, la etapa de los golpes de Estado y las dictaduras militares llegaban a su fin. Con ritmos acompasados y en corto espacio de tiempo, desaparecieron del mapa geopolítico las dictaduras. Haití, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina o Bolivia. Poco a poco la región se vio inmersa en procesos electorales, reformas constitucionales y la vuelta a la “normalidad democrática”. El miedo a una involución politica no se oteaba en el horizonte. Los rituales del traspaso de poderes se generalizaron, a la par, desaparecían las acusaciones de fraude electoral. Hubo acuerdo en acatar los resultados de las urnas como parte del nuevo pacto social. Observadores internacionales, organismos regionales, partidos políticos, personalidades invitadas, ONGs, se daban cita corroborando la limpieza de los comicios. Era la “fiesta de la democracia”.

Sin sobresaltos, presidentes entrantes y salientes se daban la mano. Liberales, conservadores, progresistas, radicales, socialdemócratas. Un nuevo ciclo anunciaba el ocaso de los golpes de Estado. Había que facilitar el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, al tiempo que evitar una pública condena a sus mandos. Era la forma de pagar la deuda por los servicios prestados. Los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante las dictaduras militares y la guerra sucia fueron objeto de negociación, se impuso la impunidad. Los nuevos gobiernos nacían hipotecados. Las fuerzas armadas minimizaban sus responsabilidades y achacaban los “excesos” a una guerra entre el bien y el mal. Leyes de amnistía exculpando a las fuerzas armadas como institución, se complementan con llamadas a retiro y bajas voluntarias. De esta guisa se logró “limpiar” de sangre los uniformes, garantizando cierto respeto hacia las nuevas generaciones de soldados, a la par que recomponer su rol como institución. Para evitar atascos en los procesos de transición se realizaron detenciones ejemplares a torturadores y responsables de los aparatos represivos. Chivos expiatorios públicamente repudiados [5].

Los golpes de Estado, una técnica depurada y efectiva para alterar la vida democrática y romper el orden constitucional se alejaba del horizonte. Una bacanal de procesos electorales con presidentes electos concluían sus mandatos y las fuerzas armadas se plegaban al poder civil, jurando lealtad y obediencia al orden político. Toda América latina parecía despertar de la pesadilla. Atrás quedan los golpes de Estado, las detenciones ilegales, asesinatos, detenidos desaparecidos. La impunidad se batía en retirada al tiempo que la democracia representativa fortalecía sus cimientos.

Poco duró “la fiesta de la democracia”. En menos de una década, el continente despertaba del sueño de los justos. El primer gobierno legítimo en ver como se rompían las reglas del juego democrático, será la República Bolivariana de Venezuela. En abril de 2002, la patronal, un sector de militares retirados, secuestrarán al presidente Hugo Chávez. Pedro Carmona, presidente de FEDECAMARAS, será proclamado presidente. Su primera medida será derogar la Constitución de 1999. Estados Unidos, España, y tres gobiernos, disque democráticos de América latina, El Salvador, Colombia y Chile, avalaron la operación. La respuesta del pueblo de Venezuela y el apoyo popular a su presidente, dieron al traste y frustraron los intentos de involución política. Sin embargo, abrieron la puerta a los golpes de Estado. Una nueva etapa quedo inaugurada. Los enemigos se redefinen, las fuerzas armadas reorientan su papel y aparecen mecanismos para quebrar la voluntad popular expresada en las urnas. Los procesos desestabilizadores se articulan bajo el concepto de “la lucha política no violenta”. El golpe blando cobra carta de ciudadanía [6].

Los manuales de los golpes de Estado diseñados en los años cincuenta del siglo pasado, proporcionados por la Escuela de las Américas se muestran obsoletos. Las clases dominantes, identifican a nuevos enemigos del capitalismo neoliberal. Son los antisistema, gobiernos populares nacidos de la lucha contra la explotación.

“Son movimientos, pues no cabe identificarlos como partidos políticos, continuadores de grupos revolucionarios que proclaman su adhesión a las doctrinas de la izquierda radical del siglo XXI. Esta izquierda tiene un proyecto y se funda en el indigenismo, el neoestatismo, el nacionalismo, el militarismo y el populismo (…) Esta alianza antisistema es enemiga de la globalización (…) son unos frustrados donde concentran sus iras y perversiones, son anti-occidentales y anticapitalistas (…) aglutinan a la izquierda que fracaso en mayo de 1968, a los que jalearon el comunismo y hoy ven con complacencia la pulsión anti-occidental del islamismo yahaidista, a los antiglobalizadores altermundistas(…) y las distintas manifestaciones del indigenismo y fanatismo religioso. Su enemigo es occidente (…) Esta alianza no es solo teoría. Hay coincidencia de actuación entre Venezuela, Iran y Siria…”[7].

Hoy, los manuales para los golpes de Estado y los procesos desestabilizadores no se enfocan exclusivamente a las fuerzas armadas. Los golpes de Estado constitucionales requieren la participación de muchos agentes sincronizados golpeando al unísono. Su arquitectura está diseñada para generar un colapso institucional, bloquear el funcionamiento de los aparatos del Estado, y deslegitimar la acción de gobierno. Se trata de organizar y movilizar a una parte de la población, profesionales, sindicatos independientes, organizaciones empresariales, amas de casa, estudiantes, pequeños campesinos, trabajadores de la administración pública, juventud, ONGs., sectores medios, bajo la estrategia de la desestabilización. Aislar al gobierno, restarle apoyos, minar la autoridad, servirse de la sedición y buscar el enfrentamiento. En definitiva, garantizar el éxito del golpe blando, mediante la política de desgaste y aislamiento internacional. Acusaciones de corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, violencia, inseguridad ciudadana, desabastecimiento, inflación, caos, todo suma para reclamar la “vuelta a la normalidad”. Es decir, restablecer la constitución bajo las pautas de un golpe blando.

En uno de estos manuales se detalla:

“Todo gobierno requiere de autoridad, requiere de la aceptación de su autoridad, el derecho a mandar y a ser obedecido. La clave de la obediencia habitual está en la mente. Si no hay lealtad, o si no es forzada, la obediencia no se hace habitual. En esencia, la autoridad requiere del reconocimiento voluntario. La falta de aceptación de la autoridad del gobernante disminuye la disposición a obedecer. Si no se reconoce la autoridad al gobernante, la obediencia será un acto consciente, en lugar de habitual; por lo tanto, la obediencia se puede negar. Si se le niega al gobernante el derecho a gobernar, entonces no hay consenso de grupo que es lo que se requiere para hacer posible su gobierno. La pérdida de autoridad pone en marcha la desintegración del poder del gobernante. Su poder disminuye en la medida en que se niega su autoridad”[8].

Por consiguiente, los partidos de oposición, el parlamento, los jueces, los medios de comunicación social, juegan su papel en tablero. El golpe institucional se legitima. Mientras tanto, las academias de guerra se “modernizan”. Profesores y alumnos se instruyen en una “pedagogía” acorde a los tiempos. Los manuales de contrainsurgencia serán reelaborados. Las fuerzas armadas se visualizan como un poder del Estado no beligerante, requeridos para actuar con un perfil bajo y siempre bajo las órdenes del poder civil. Sus mandos se han reinventado asumiendo la lucha contra el crimen organizado. Lo cual les ha otorgado un mayor control sobre la sociedad civil. Hemos pasado del militarismo a la militarización de la sociedad. Los impulsores del neoliberalismo tomaron buena nota. En caso de triunfo electoral de alternativas populares, es mejor mermar las bases de apoyo de los gobiernos, recuperando el poder en el medio plazo. En otros términos, hacer uso de una técnica menos traumática, liberando a las fuerzas armadas de toda la responsabilidad.

Los golpes de Estado han sido una constante en la historia de América latina. Sus formas han evolucionado al igual que los dispositivos y mecanismos para su realización. No se trata de una excepcionalidad, sólo una ficción presenta los golpes blandos como actos institucionales no asimilables a la categoría de golpe de Estado. En los golpes suaves o blandos, se suman estrategias para hacer posible el juicio político mediante la desestabilización no renunciando a la violencia. Sólo se produce un desplazamiento de actores. El papel protagónico lo asumen organizaciones paramilitares, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, pero sin el empaque institucional de las fuerzas armadas. El mejor ejemplo lo tenemos en la república Bolivariana de Venezuela, son las llamadas Guarimbas. Su emergencia en febrero de 2014 coincide con el proceso desestabilizador iniciado por la oposición, llamando a romper el orden constitucional, desconocer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, bajo un plan conocido como “La salida”. Se tomaron calles, se produjeron asaltos a centros oficiales, bloqueo de hospitales, sabotajes en carreteras, quema de autobuses, etc. El resultado de la acción noviolenta fueron 43 muertos, y más de 500 heridos a manos de los grupos paramilitares.

Sin duda los golpes de Estado en Chile (1973), Argentina (1976) muestran grandes diferencias con los acaecidos en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). En el caso de Honduras (2009), es la Corte Suprema de Justicia la encargada de poner en marcha el golpe de Estado. Su papel consiste en emitir una orden de allanamiento y captura al Presidente Manuel Zelaya el 26 de junio de 2009. Esta acción fue complementada por el Congreso Nacional, donde los diputados golpistas nombrarían una Comisión de investigación para dirimir el carácter anticonstitucional de las decisiones tomadas por el presidente. Así, las fuerzas armadas hondureñas se limitan a cumplir la orden emanada de los tribunales. Retenido, en su casa, el presidente Manuel Zelaya será trasladado, por decisión unilateral de sus captores, a Costa Rica, haciendo caso omiso de la instrucción judicial. Ese fue el momento insurreccional de las fuerzas armadas. El presidente de facto, Roberto Micheletti aprobó tal acción. En el año 2011, bajo la administración de Porfirio Lobo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras, valoró dicha actitud como un exceso de poder e incumplimiento del mandato:

“…de esta instrucción judicial, la Corte Suprema de Justicia no pidió explicaciones ni se registra actuación alguna. Al mismo tiempo consumada la expatriación del presidente, las Fuerzas Armadas convocaron a funcionarios de los Poderes del estado y algunos políticos al Estado Mayor, ante lo cual algunos se negaron, pero a los que asistieron se les pidió redacta un comunicado a la población hondureña que explicara lo sucedido. Simultáneamente, otra reunión se estaba convocando en el Congreso Nacional. Dos esferas de acción se van definiendo, la de la seguridad y manejo del conflicto sociopolítico dejadas a las fuerzas armadas y policías; y la definición política partidaria e institucional en el Congreso Nacional. Esta condición, y otras, hacen que el golpe de Estado en Honduras registre particularidades que rebasan el concepto clásico de golpe de Estado en América latina” [9].

En Brasil, en el año 2016, se elabora un plan mucho más elaborado, para la destitución de su presidenta Dilma Rousseff. En este caso existía un antecedente, el impeachment contra Fernando Collor de Mello. Primer presidente elegido por votación directa, tras la dictadura. Acusado de lavar dinero, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, el 29 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados dio luz verde al expediente, el 2 de octubre de ese año, quedaría suspendido del cargo por 180 días. Collor de Mello intentó frenar el impeachment, renunciando el 29 de diciembre de 1992, pero la acusación siguió su curso. Declarado culpable, perdió sus derechos políticos por ocho años. El vicepresidente, Itamar Franco, lo sustituyó hasta las elecciones de 1994, donde se impondría el candidato del PSDB, Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro de relaciones exteriores y Hacienda. Collor de Mello sería rehabilitado años más tarde por la justicia ordinaria señalando la falsificación de pruebas de las acusaciones vertidas. El impeachment puesto en marcha contra la presidenta Dilma Rousseff, se ajusta a la figura jurídica de abuso del derecho. Supone la utilización espuria del procedimiento, con la finalidad de cambiar la dirección política de la acción gubernamental. Su vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al PMDB, participa y promueve la “conspiración”, renunciando a la coalición de gobierno semanas antes de la imputación, el 29 de marzo de 2016, sin abandonar su cargo. Hoy, como presidente reconocido por la cámara, ha dado un giro a la acción de gobierno, dejando sin efecto políticas sociales implementadas por el PT. El golpe de Estado se produce bajo los auspicios de una parte del poder legislativo y del poder judicial, alterando la voluntad general y creando el ambiente propicio para legitimar el golpe blando.

En Paraguay, se desarrolla el mismo guion con modificaciones. En 2012, el Congreso Nacional redacta el libelo acusatorio contra el presidente de la Republica, Fernando Lugo Méndez, de acuerdo al artículo 225 de la Constitución de 1992, en el, se recoge la necesidad de realizar un juicio político al presidente: “por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes (…) La acusación será formulada por la Cámara de diputados, por mayoría de dos tercios, y corresponde a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de sus dos tercios, juzgar en juicio político a los acusados”. El control político de la Cámara, en manos de la oposición, y un vicepresidente del partido liberal, Federico Franco, cómplice de la acusación, facilitaron el impeachment. Sólo 3 diputados de 80 y 3 senadores de 45, pertenecían al Frente Guazú. El juicio político era cuestión de tiempo. Bastada unir argumentos y escusas para activar el procedimiento. La matanza de Curuguaty, desalojando a los campesinos, el 15 de junio de 2012, que ocuparon los terrenos propiedad de Blas Riquelme ex-presidente del partido Colorado, fue el detonante. 17 muertos y decenas de heridos, el balance de la represión. El golpe de Estado blando se ejecutaría a la perfección. El libelo se redactó rápidamente y constó de nueve páginas, donde se exponían los hechos para la destitución. Cinco acusaciones, ninguna de ellas probada facilitan la destitución:

“1.- acto Político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, donde se celebró el II encuentro de latinoamericanos jóvenes por el cambio. Allí, señala la acusación, se manchó el honor patrio de las fuerzas armadas al izar los jóvenes banderas con alusiones políticas en sustitución del pabellón patrio; 2.- Caso Ñacunday; acusando al Presidente Lugo de ser el único responsable como instigador y facilitador de las invasiones de tierra, violando el derecho de propiedad e ingresando a los inmuebles de colonos, al dar su apoyo a los líderes de esas invasiones, proyectando un mensaje a la ciudadanía de avalar los actos de violencia y de los delitos propiciados por esas organizaciones; 3. Creciente inseguridad, señalando que el presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. 4.- Firma del protocolo de USHUAIA II, declarándolo un atentado contra la soberanía de la república de Paraguay con el avieso propósito de obtener un respaldo en su descarad marcha contra la constitucionalidad y el proceso democrático de la República. La principal característica del protocolo-subraya el libelo- es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en nombre de la ‘defensa de la democracia’ defenderse unos a otros.; 5.- Caso de la matanza de Curuguaty (…) Fernando Lugo hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la república, quien asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el estado de Derecho”.

No hubo opción, Lugo dirá en el discurso, una vez destituido:

“Los que dieron el golpe fueron políticos conservadores. Quienes impulsaron el golpe son los que quieren concretar el negocio de la multinacional Río Tinto Alcán, traicionando la soberanía energética de nuestro país y los intereses de nuestra nación. Aquellos que estuvieron con el golpe son los que se han lucrado con el modelo de país para pocos, donde el destino de nuestra gente era la emigración, por eso inmediatamente anunciaron que no implantarían el impuesto a la soja (…) detrás del golpe estuvieron aquellos sectores que anhelan la pseudo-integración promovida por lo negocios ilícitos y la narcopolítica”.

Al igual que en Brasil y Honduras, se adoptó la agenda neoliberal. Aunque el juicio político tuvo que sortear un último escollo y no menos determinante, la destitución del ministro de Defensa, el general Bareiro Spaini, cuyo apoyo incondicional, retrasaba el golpe blando. Para acelerar el proceso, la embajada de Estados Unidos, hizo lo indecible para que dimitiese, y la cámara de diputados y el senado lo acosaron hasta lograr su objetivo. Una vez superado el obstáculo, el camino estaba allanado. El golpe de Estado se encubría bajo el impeachment. Paraguay retomó la deriva neoliberal, y Estados Unidos daba por concluida la operación. El programa de la USAID, UMBRAL podría desarrollarse de manera fluida. Todo volvía a la normalidad. En las siguientes elecciones presidenciales, el resultado no deja dudas sobre la eficacia del juicio político y la destitución del Presidente Fernando Lugo. El triunfo del empresario, banquero y terrateniente Horacio Cartes, educado en los colegios religiosos de Estados Unidos, miembro del partido Clorado del dictador Alfredo Stroessner, gobernará en su nombre en pleno siglo XXI.

Hablamos de estrategias complementarias y no excluyentes. Chile es el ejemplo en 1973. En este sentido es más eficiente sembrar el caos, romper el orden constitucional y conspirar contra los gobiernos legítimos que llamar a las fuerzas armadas a poner orden. Pero no existe golpe de Estado exclusivamente militar o civil. Es necesaria la unidad de ambos factores. Por un lado, los partidos políticos opositores llaman a romper el orden constitucional. El sabotaje, el juicio político a ministros, las huelgas patronales, de comerciantes, el desabastecimiento, las movilizaciones estudiantiles, de mujeres y el miedo, se amalgaman para crear las condiciones de un golpe de Estado. Los protagonistas secundarios desarrollan la trama. Este cambio de funciones ha dado lugar a considerar el golpe blando como una novedad, perdiendo de vista, que dicha técnica fue utilizada como parteaguas para la intervención militar. El poder legislativo, el judicial o ambos se convierten en los impulsores para destituir gobiernos. Asimismo, los Estados Unidos avalan, apoyan, financian y legitiman las acciones desestabilizadoras, inclinando la balanza hacia el éxito de los golpes de Estado. El caso más reciente de esta imbricación, lo constituye el documento para las acciones desestabilizadoras en Venezuela, Freedom-2, elaborado por el Comando Sur, firmado por el almirante Kurt.W.Tidd:

“Nuestro componente de operaciones especiales común, (Componentes Operacionales del U.S. Southern Command: Comando de Operaciones especiales Sur, Joint Task Force Bravo, Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur-Jiastfs) involucrados en esta operación, debe elevar un conjunto de recomendaciones que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los objetivos estratégicos: fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica (Joint Vision 2020, como un proceso de actualización permanente de la doctrina militar) que continuaran rigiendo nuestros esfuerzos donde se incorpore todos los instrumentos de autoridad nacional, entre ellos, recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos. Con esa dirección estratégica, los aspectos que debemos evaluar a partir de los soportes informativos previos y sus proyecciones, son el resultado de la labor conjunta entre la Agencia de Inteligencia para la defensa (DIA, que es nuestro organismo de adscripción) en estrecha colaboración con otros entes de la comunidad de Inteligencia (…) Bajo el enfoque de ‘cerco y asfixia’ hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. También en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, Universidades (…)”[10].

Los golpes blandos se han popularizado a partir del “éxito” cosechado en Honduras y Paraguay, y el impeachment, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La conceptualización teórica más elaborada de la estrategia desestabilizadora de los golpes blandos, la encontramos en dos obras y un manual del politólogo norteamericano, René Sharp [11]. Su mérito es sintetizar los mecanismos para el golpe blando. La táctica del golpe blando, es un grado en el plan para mermar los apoyos a los gobiernos populares y democráticos. Su corolario es fomentar acciones que paralicen la vida política y social, generando ingobernabilidad, restando autoridad política y vaciando de contenido el uso de la violencia legítima por parte del Estado. En otras palabras, se busca la desintegración del poder del gobierno. Romper las vías de negociación y articular un espacio discursivo compuesto por una sola demanda: el gobierno debe capitular. La gran estrategia consiste en acorralar el gobierno, deslegitimar sus fuentes de poder, minar la autoridad y promover, como en el caso de Venezuela, una opción al margen de la negociación y el diálogo. Curiosamente la oposición golpista la adjetiva como, la salida, en clara referencia a la ruptura del orden constitucional. Gene Sharp etiqueta esta dinámica, como lucha noviolenta del desafío político, considerándola

“una técnica mucho más variada y compleja que la violencia. A diferencia de ésta, es una lucha que emplea armas políticas, económicas, sociales, sicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. A estas armas se las ha conocido bajo diversos nombres, como protestas huelgas, desobediencia o no cooperación, boicot, descontento y poder popular. Como advertimos antes, todos los gobiernos pueden gobernar mientras, por medio de la cooperación, sumisión y obediencia de la población y de las instituciones de la sociedad, reciban el constante refuerzo de las fuentes de poder que necesitan. El desafío político, a diferencia de la violencia, es el instrumento idóneo para negarle acceso al régimen a esas fuentes de poder” [12].

En los regímenes presidencialistas se presenta como una merma de la independencia del poder legislativo y judicial, acusando de intrusión al poder ejecutivo. Con estos argumentos, el presidente es trasformado en dictador, un caudillo que concentra poder, despojando a la sociedad civil de sus derechos. Ya tenemos el escenario: la dualidad dictadura-democracia entra en juego. A partir de ese momento, los actores están delimitados en bandos irreconciliables. La oposición democrática versus el gobierno y sus huestes dictatoriales y violentas. El maniqueísmo se apodera del escenario político.

Las libertades individuales, se dirá, están amenazadas por las políticas colectivistas. La aplicación de reformas estructurales en áreas como la salud, la educación, de políticas redistributivas, impuestos crecientes, protección del medio ambiente, nacionalizaciones de las riquezas básicas y la reforma agraria, son consideradas un ataque a la propiedad privada, destinada a imponer un orden totalitario.

Las fuerzas democráticas, siempre en la oposición, deben pasar a la ofensiva, actuar y ser valientes. El miedo debe ser desterrado de la protesta noviolenta, estrangulando al gobierno mediante la doctrina de la no cooperación institucional. Entra en juego la guerra psicológica. La política del miedo se generaliza bajo tópicos arraigados, difíciles de combatir, como las expropiaciones de bienes muebles, la pérdida de libertades personales, el control de la vida privada, una educación carente de valores cristianos disolutiva de la familia. La separación de los hijos de los padres y un adoctrinamiento ideológico, proselitista y castrador propio de los regímenes comunistas. Es la primera fase para revertir los procesos democrático-populares. La actuación sigue un trazado tendiente a crear malestar social, deslegitimación interna e internacional, movilizando los sectores opositores en todos los frentes e implementando acciones como el sabotaje, el manejo del descontento y quiebre de la institucionalidad de las fuerzas armadas. Movilizar y provocar la parálisis institucional son los objetivos del golpe blando. Eufemísticamente, considerada como lucha política noviolenta, bajo el rechazo a negociar con el poder constituido. Nuevamente Gene Sharp: “cuando la gente se rehúsa a cooperar, se niega a prestar ayuda, y persiste en esta desobediencia o postura retadora, le está negando a su adversario el apoyo y cooperación humanas básicas que cualquier gobierno o sistema jerárquico requiere. Si lo hace suficiente gente y por un tiempo suficientemente largo, ese gobierno o sistema jerárquico perderá el poder. Esta es la premisa básica de la acción no violenta”[13].

Se trata de contraponer la desobediencia civil de los golpistas a la necesidad de mantener los causes del dialogo y la negociación. En definitiva, tensar el conflicto hasta que las fuerzas gubernamentales sean desprovistas de la capacidad institucional y del control de la legalidad, para deslegitimar a los actores sociales no golpistas.

Cerrar las puertas a una resolución democrática, es el objetivo. De esta manera la oposición pasa a la ofensiva, e impone su agenda. Se declarará perseguida, acosada, reprimida y violada en sus derechos y libertades, proclamando que el gobierno se ha vuelto ilegitimo en el uso del poder. La paz, la libertad, el orden social y la tranquilad pasan a ser patrimonio de la oposición. Mermar la autoridad política, romper la confianza, restar poder y cuestionar la legitimidad del orden social, son fases del golpe de Estado. Se trata de retirar el consentimiento de los gobernados hacia el gobernante. En este sentido, Sharp da las claves:

“La falta de aceptación de la autoridad ‘del gobernante disminuye la disposición de obedecer si no se le reconoce la autoridad al gobernante, la obediencia será un acto consciente, en lugar de habitual, por lo tanto, la obediencia se puede negar. Si se le niega la obediencia al gobernante el derecho de gobernar, entonces no hay consenso de grupo que es lo que se requiere para hacer posible su gobierno. La pérdida de autoridad pone en marcha la desintegración del poder del gobernante. Su poder disminuye en la medida en que se niega su autoridad”[14]. La movilización golpista, lleva el conflicto al punto de no retorno.

No se trata de acciones espontáneas. Es la agenda de un plan diseñado para conseguir los objetivos a largo plazo. Los tiempos del golpe blando son elásticos y responden a una dinámica de socavar el poder legítimo, buscando la destrucción total del adversario. Sharp la define como “la gran estrategia de la lucha noviolenta”.

Así, podemos concluir que la técnica del golpe de Estado genera y produce violencia, en todas sus vertientes, blando, suave, constitucional o militar. En ocasiones, las clases dominantes harán uso de una estrategia, en otras se abocarán a frenar los avances democrático-populares. Las fuerzas golpistas, forman parte del complejo militar-industrial y financiero, hoy construido sobre la militarización del poder, el miedo y el control absoluto de la población. La guerra es global, sus hacedores no renunciarán al control de las materias primas y aumentar sus beneficios económicos. En América latina, la historia demuestra la recurrencia del golpe de Estado y lamentablemente su vitalidad, convirtiéndose en la opción por excelencia, de clases dominantes para frenar el avance democrático y la justicia social.

* Marcos Roitman Rosenmann es exiliado chileno y residente en España. Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de sociología en la misma Universidad, profesor e investigador invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en diferentes universidades de América Latina.

Notas

[1] Naudé, Gabriel: Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado. Editorial, Tecnos. Madrid, 2011. Pág.82
[2] En América latina, el recurso del autogolpe ha servido para legitimar verdaderas dictaduras solapadas bajo un estado de excepción. En Perú, Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, siendo presidente, utilizó a las fuerzas armadas en su beneficio. Tomó las instituciones, clausuró y disolvió el Congreso, arresto a los opositores, modificó las reglas del juego y un año más tarde aprobó una constitución a su voluntad. Hoy tenemos a Turquía y Erdogan como un ejemplo de autogolpe.
[3] Ibídem, Pág. 101.
[4] Véase: Roitman Rosenmann, Marcos: Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América latina. Editorial Akal, Madrid, 2ª Edición 2014.
[5] El caso de Argentina ha sido excepcional. Juzgar a todos los miembros de las Juntas militares y los subalternos con grados medios en las fuerzas armadas, responde a la derrota militar en la guerra de las Malvinas y sobre todo la acción de Las madres de Plaza de Mayo, los movimientos de derechos humanos e HIJOS, que obligó a una acción restauradora de la justicia, iniciada por jueces, fiscales bajo el gobierno de Néstor Kichner, quien dejó sin efecto las leyes de punto final decretadas por los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menen.
[6] Los golpes de Estado exitosos en el siglo XXI, responden a los llamados golpes blandos y la implementación de los juicios políticos o impeachment, donde el poder legislativo y el judicial asumen, junto a la movilización social, un papel relevante. En Brasil la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 es el ejemplo más reciente.
[7] Miguel Angel Cortes (Dir.): América latina. Una agenda de libertad. Fundación para el análisis y los estudios sociales (FAES). Presentación de José María Aznar. Madrid 2007. Pág. 30 y sig.
[8] Sharp, Gene: La lucha política noviolenta. criterios y métodos. Ediciones CESOC. Santiago de Chile. 1988. Págs. 24-25. La negrilla es del autor.
[9] Hallazgos y Recomendaciones. Para que los no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la reconciliación. Edición. Gobierno de Honduras. 2011. Pág. 28. (El subrayado es nuestro) El mismo informe reconoce en páginas anteriores que: “entre las funciones del Congreso Nacional no tiene atribuciones para destituir al presidente ni para nombrar al sustituto, por lo que colegiamos que el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal y que el gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010, es un gobierno de facto.” Pág. 26. Por otro lado, la represión ejercida contra el movimiento popular no ha cesado desde entonces. De manera constante desde el golpe de Estado se ha procedido al asesinato selectivo de dirigentes sindicales, de derechos humanos, líderes campesinos, militantes, defensores del medio ambiente, y activistas de las colectividades gay. Entre 2011-2014 se han producido 101 asesinatos políticos. En 2016, los casos de Berta Cáceres, Nelson García y el más reciente Lesbia Yaneth Urquía, marcan la actuación de los escuadrones de la muerte. Golpe blando pero represión cruenta.
[10] “Operación Venezuela Fredom-2”, Red Voltaire, 25 de febrero de 2016. http://www.voltairenet.org/article 191879.html.
[11] Gene Sharp ha sido considerado el padre de la estrategia de los golpes suaves. Presidente de la Fundación Albert Einstein, sus dos textos: La lucha política noviolenta. Criterios y métodos (1988) y De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación (2003) se consideran verdaderos manuales para la desestabilización política. Según el periodista Thierry Meyssan, Presidente de la Red Voltaire, Sharp ha formado “por cuenta de la OTAN y la CIA, los líderes de los golpes de Estado suaves de los últimos quince años (…) prodiga sus consejos a movimientos anticomunistas” Su fundación está presente asesorando en Birmania, China, Lituana, Yugoslavia, participando en la revolución naranja de Ucrania, o aconsejando a la oposición venezolana.
[12] Sharp, Gene: De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación. Editado por La Institución Albert Einstein. Segunda reimpresión. 2011. Boston. USA. Pág. 30. (Véase el capítulo VIII “Aplicando el desafío político. Págs. 61-68.)
[13] Sharp, Gene: La lucha política Noviolenta. Criterios y métodos. Ediciones CESOC. Stgo-Chile. 1988. Pág. 36.
[14] Sharp, Gene: La lucha política noviolenta… Op. Cit. Pág. 25

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Un pensamiento en “América Latina: Nuevas tácticas para derribar gobiernos.

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