El lugar del humo: lo que intenta ocultar el gobierno multicolor uruguayo

EL LUGAR DEL HUMO
por Linng Cardozo (extracto)
1 de Julio de 2020

Hay una intensa y vigorosa estrategia comunicacional del gobierno del presidente Luis Lacalle. Al describirla se ha dicho, como crítica al gobierno, que Uruguay está siendo gobernado por una agencia de publicidad. Me propongo hacer un listado -que no está ordenado por importancia- de lo que ocurre detrás de la propaganda del gobierno del Dr. Lacalle.

(Recomendamos la lectura paralela de otro artículo aquí: https://tinyurl.com/ymorirdefrio)

1) Nepotismo, corrupción y transparencia.

En materia de transparencia, probidad pública y corrupción me voy a afirmar en una homilía del Papa Francisco. En el tradicional rezo del Ángelus Francisco dijo que algunas formas de corrupción se producen cuando los gobernantes sienten más amor por sus parientes que por la propia Patria.

“Algunas corrupciones en los gobiernos vienen realmente porque el amor por la parentela es más grande que el amor por la patria y ponen en el cargo a sus parientes”, dijo el papa desde el palacio Apostólico a algunas decenas de personas congregadas en la plaza de San Pedro pese al calor.

En este sentido, reflexionó sobre el Evangelio y recordó que una de las exigencias de Jesús de Nazaret a sus discípulos es anteponer la fidelidad hacia él por encima de los afectos familiares.

“Jesús por supuesto no pretende subestimar el amor por los padres e hijos, pero sabe que los vínculos de parentesco, si son puestos en el primer lugar, pueden desviarse del verdadero bien”, indicó.

No voy a hacer el listado de todos los funcionarios de este gobierno que son familiares de líderes políticos y que no son claramente idóneos para los cargos.

Voy a mencionar algunos ejemplos de nepotismo:

• El hijo y la hermana de la vicepresidenta Beatriz Argimón trabajan en la secretaría de Argimón. Me detengo en la hermana de la vicepresidenta. Es funcionaria del BROU, ¿Desde cuándo? Desde 2004, cuando era secretaria de García Pintos. Antes que asumiera Fernando Calloia, fue designada Gepu 41 en el escalafón del Brou, que es un alto cargo. Recuerden que García Pintos usaba su tarjeta corporativa para financiar al Partido Nacional.
• El hijo de Julio María Sanguinetti en el directorio de UTE;
• Juan Andrés Ramírez (hijo) fue designado en un cargo relevante en el Ministerio del Interior.
• El ingeniero Rodolfo Long, hijo de Ruperto Long, había sido designado director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ocupaba el cargo desde marzo. Renunció. El 70% de la inversión del MTOP sale de Vialidad. Raro.

En materia de corrupción, solamente voy a decir que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) no está integrada. Recién el lunes pasado, se enviaron los nombres al Parlamento para que se vote la venia. El 9 de mayo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que “en estos días” va a ir al Parlamento la nueva integración de la Jutep. Paso casi dos meses.

En materia de probidad moral hay alguna otra sorpresa. El gobierno designó a Lourdes Pérez Perdomo, para ser Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Es una persona que no tiene la formación práctica ni la conceptualización del enfoque de derechos humanos y, además, tiene un antecedente penal por un delito de frustración de pago de cheques, en 2008.

La designada subdirectora general de Salud Pública, María del Luján Giudici, enfrenta embargos millonarios por deudas con el Banco de Previsión.

Por otro lado, denunciaron al diputado nacionalista de Cerro Largo, Christian Morel, ante al directorio del Partido Nacional para pedir posteriormente su desafuero y llevarlo a la justicia.

La entrega de canastas con bolsas impresas con su nombre y su cargo, producto de una colecta solidaria de la población está expresamente prohibida en la Constitución de la República, señaló la abogada patrocinadora de tres ciudadanos que solicitaron asesoramiento jurídico para radicar la denuncia. Según consigna “La Diaria”, la Dra. Graciela Reverdito sostiene que el legislador incurrió en una violación del artículo 58 de la Constitución, que establece que “los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política”.

En materia de transparencia solamente voy a mencionar 4 casos opacos:

• Se negó información a una periodista que se amparó en ley vigente sobre acceso a la información, acerca de los nombres de quienes donaron al Fondo Coronavirus. Se dijo, es confidencial.
• El MIDES contrató el hotel de Verónica Alonso para atender a personas que viven en la calle, en el marco de la estrategia de enfrentar la pandemia.
• En la dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, se designa a Carlos Faroppa, ex presidente de la Sociedad de Productores Forestales. (Me voy a detener en este asunto más adelante en otro capítulo).
• En las compras del Ministerio del Interior de ploteo para patrulleros y adquisición de tarjetas personales para jerarcas, se pago más que lo que ofrecen distintas empresas del medio.

El tema Fernando Cristino, el relacionista público protagonista de una conversación con la vicepresidenta Beatriz Argimón, no se donde colocarlo. Por lo pronto la justicia está trabajando en dos denuncias presentadas por el relacionista.

¿Por qué todo esto es un mismo capítulo? Porque hay disposiciones constitucionales y pronunciamientos de la Jutep sobre transparencia en la gestión pública y nepotismo.

Según un experto consultado, actualmente existen situaciones que violan las prohibiciones existentes y otras que, sin estar expresamente prohibidas, ‘exteriorizan la apariencia de violar las normas’.

Hay un informe de la Jutep de febrero de 2018 acerca del punto. Y además el artículo 35 del decreto 30/003 (Reglamentación de la Ley 17.060, relativa a normas de conducta en la función pública) dice: “Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge.”

Pero la Jutep no está integrada.

2) Lavado de dinero

Se favorece la Residencia Fiscal, bajando las precauciones para quienes quieran radicarse en el país. Los expertos dicen que lo dispuesto en la LUC, otorga bajos umbrales que generan riesgos. Esto va en contra de las definiciones de la OCDE, que es muy exigente para evitar que se utilicen esas normas leves para ocultar activos en el exterior y escapar al sistema de intercambio automático de información. Puedo comprar una casa en 100 mil dólares y no probar de donde saque el dinero.

El pasado martes, la secretaría antilavado a cargo ahora del ex integrante de la Suprema corte, Jorge Chediak, archivó la causa de Posadas.

3) Libertad de expresión

Distintas entidades han criticado aspectos de la LUC con relación a la libertad de expresión. Me quiero detener en el pronunciamiento de una organización que nada tiene que ver con la izquierda, o más bien todo lo contrario: la Sociedad Interamericana de Prensa, entidad que agrupa a los grandes diarios de las tres Américas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por ciertos artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que la organización entiende sobreprotegen las actuaciones de los policías, al punto de castigar hasta con 18 meses de cárcel a quienes los agravien, insulten o critiquen en forma verbal o por escrito.

Es una suerte de criminalización de la protesta. Se prohíben los piquetes y se judicializa la protesta. También lo ha hecho el Relator de Libertad de Expresión de la OEA. Hubo cambios leves en las ultimas horas pero se mantiene la línea y la orientación.

4) Seguridad

La Seguridad es uno de los temas centrales del gobierno, como lo prometió en campaña.

El ministro del Interior Jorge Larrañaga trabaja en dos planos para volcar la opinión de gente en ese plano. La tarea central es trabajar desde lo perceptivo: operaciones en las cárceles, helicópteros en la noche, patrulleros a sirena abierta solamente para hacer ruido y operativos con gran cobertura mediática. En este mismo plano no se comunican delitos ni hay casi cobertura de televisión en ese sentido. Eso ocurre en Montevideo y en el Interior. Cito un caso. En Las Brujas, Canelones, los vecinos ya saben que una vez por semana cerca de las 20 horas pasa un patrullero con la sirena abierta. Eso es lo perceptivo.

Y el otro plano es en lo normativo. La LUC contiene definiciones que apuntan a una suerte de “inflación normativa” que llevará a tres cosas, según los expertos: a) disminuye las garantías de las personas en tanto la policía podrá tener hasta 4 horas a un detenido antes de dar pase al fiscal; b) aumenta penas; c) la acción punitiva propuesta hará que aumente el número de personas privadas de libertad y si hoy el sistema carcelario tiene severos problemas, un incremento de las posibilidades de estar más tiempo en la cárcel, agravará la situación.

Esto está acompañado, en esta realidad de hoy, de un aumento de los números de homicidios y otros hechos criminales.
El ministro Jorge Larrañaga -que parece preso de los comisarios del pasado- no logra ser convincente con sus apariciones públicas cuando es preguntado en profundidad por algún periodista.

El problema de las cifras tiene otro componente: hay un subregistro de los delitos que se cometen en el país.

De nada sirve que lo diga yo. Lo dice el jefe de policía de San José, en declaraciones formuladas la semana pasada. El jefe policial dice que no está obligado a informar de delitos o denuncias.

Estas afirmaciones van en línea con una información difundida por el diario El Observador.

La orden de servicio Nº 8/2020 prohíbe expresamente difundir “imágenes, filmaciones, imágenes, grabaciones de audio o información de cualquier índole que refiera a Recursos Humanos (armamento, vehículos, instalaciones y equipamiento policial”. El título que soporta la nota dice: “Ministerio del Interior prohíbe a policías difundir datos de operativos tras constatar filtraciones”.

5) Improvisación e irregularidades

En la campaña electoral pasada, la fuerza principal en el gobierno, el Herrerismo, trabajó sobre el eslogan “Estamos Preparados”. En un acto realizado en el Parque Viera, el doctor Lacalle Pou subrayó que estaban preparados para gobernar, habló de cumplir con lo que se dice, y que no podía “agregar más frustraciones a los uruguayos”.

Quizás haya una sola palabra para describir esta situación: improvisación. En 100 días se han vivido episodios graves, que denotan esa improvisación hija, sin dudas de la construcción política de esta coalición en el gobierno: unámonos para ganar y después vemos.

Frente a la iracundia del designado presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el presidente Lacalle lo cesó. Lo mismo ocurrió con el designado integrante de Cabildo Abierto en la Administración de Puertos, en el BPS; Cabildo Abierto designa a una paisajista cuando el gobierno promueve una discusión profunda para reformar la Seguridad Social, Lacalle echa al flamante presidente de Antel, designan a Julio Luis Sanguinetti en el directorio de UTE cuando Ernesto Talvi no lo había querido en la CARU porque no le parecía pertinente designar a familiares de políticos; en el ministerio de Transporte, se designaron a familiares de dirigentes blancos sin experticia en las áreas asignadas, en el Ministerio del Interior se designó a Juan Andrés Ramírez (hijo) en un cargo relevante cuando es abogado penalista.

Eso se llama nepotismo. Renunció el director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Rodolfo Long ocupaba el cargo desde marzo. El 70% de la inversión del MTOP sale de Vialidad. Finalmente, el directorio del INAU ahora está integrado por un simpatizante no oculto del nazismo, perteneciente a Cabildo Abierto. Hay otro elemento que desde lo simbólico tiene relevancia: en el equipo económico hay personas que estuvieron en la pre crisis del 2002, o sea que eran responsables de los bajos controles en el sistema financiero lo que facilitó el desplome del mismo.

En la secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, se designó a Lourdes Pérez Perdomo, quien, tiene como antecedente un delito de frustración de pago de cheques, en 2008.

6 ) El terreno minado de la salud

El área de la salud es un sitio de una enorme improvisación con visos complejos. Hay funcionarios designados que son propietarios de empresas que trabajan con ASSE o titulares de mutualistas del interior que tienen que ser supervisadas por el ministerio de Salud. Las granadas revientan por todos lados.

Es particularmente interesante lo que pasa acá, porque el actual presidente de la Cámara de Representantes Martin Lema, hizo campaña durante 5 años criticando cuanta cosa se hacía en ASSE.

En algunas cosas tenía razón. A tal punto que la designación de Marcos Carámbula al frente de ASSE provocó una caída de las críticas de Lema.

Uno de los centros de los custionamientos del legislador hoy integrante del gobierno, era la falta de transparencia, el uso de los dineros públicos, la conjunción del interés privado con lo público y que los hospitales debían ser dirigidos por personas idóneas.

Bueno, este capitulo sobre ASSE, se lo dedico al diputado Lema hoy en el gobierno.

En ASSE se designaron a jerarcas que provienen de las mutualistas privadas y se eligió a una directora de recursos humanos que estuvo casi dos años sin ir a trabajar a ASSE habiendo sido sumariada.

También se nombró a un médico en la regional Oeste de ASSE, que tuvo que ser desplazado inmediatamente por sus expresiones públicas contra los jerarcas anteriores y funcionarios.

La ex presidenta de ASSE, Susana Muñiz, ha hecho una lista de las irregularidades que constató ahora.

La doctora Mónica Frascheri es hoy directora del hospital de Río Negro y figura también en la página de Amegrin, la mutualista local, como perteneciente a la comisión fiscal. Por otro lado, la adjunta Andrea Vázquez también está en la comisión fiscal de Amegrin. El director departamental de salud, Andrés Montaño, también figura en el Consejo Consultivo de esa institución privada.

Me detengo en la designación de la doctora Frascheri, porque fuentes políticas me aseguraron que ha tenido faltas graves en ASSE, investigaciones y sumarios con separación del cargo, entre otras cosas por mala praxis. En 2013 fue sumariada como resultado de mala praxis durante un parto.

En Rio Negro, además, el nuevo administrador del hospital estatal, el licenciado Ricardo Barreto, es propietario de Fisiocenter, un centro de rehabilitación que vende servicios al Banco de Previsión Social (BPS). El adjunto a la RAP (Red de Asistencia Primaria) de Río Negro, Sergio Sardeña, es parte de la escuela de enfermería que tiene convenios con ASSE.

En Flores, asume como director Julio Álvarez. Es el presidente de Comeflo, la mutualista de Flores. La designación incumple con el artículo 72 del Tocaf que establece que debe pasar un año entre el cese de un cargo y su asunción en la administración pública para todos aquellos que sean ordenadores de gastos y en el hospital el ordenador del gasto es el director.

A Comeflo se le autorizó la instalación de un tomógrafo siendo que ya hay uno en funcionamiento en el hospital público. Se trata de un departamento de poco más de 25.000 habitantes.

En Colonia asume el doctor Gustado Fernández que también fue representante de Camec. Y así en cada uno de los hospitales del interior.

Todos estos hechos son sumamente graves, pero además son violatorios del artículo 72 del Tocaf, el texto que reúne las normas para la administración pública.

Este dice: “Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación cuando la parte oferente o contratante esté ligada por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad. En igual sentido deberán excusarse en caso de tener o haber tenido en los últimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial”.

Me dicen que estos esquemas se repiten en otros lugares de ASSE.

¿Cuál fue el discurso de los blancos durante los pasados años? Que ASSE era una vergüenza, que había designaciones a dedo y con incompetencias.

La conjunción de interés público con el privado parece haber desembarcado en ASSE. Quizás el Parlamento deba trabajar en estos asuntos.

7) La crisis del país

Se dijeron miles de cosas sobre como quedaba el país. Partidos de la coalición multicolor y de Un Solo Uruguay -que integra la coalición aunque de facto- dijeron por ejemplo que el país estaba al borde de la cesación de pagos. Y que la miseria campeaba en el país. Bien.

El martes 23 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene a su frente a la economista Azucena Arbeleche, que dijo en campaña que Uruguay estaba al borde de perder el grado inversor, difundió un trabajo dirigido al exterior. El documento se difundió en la antesala de salir al mercado internacional de bonos. Ese documento podría titularse “Astori, es alto, rubio y de ojos celestes”.

El documento de Arbeleche habla de «fortaleza financiera construida» y que el perfil y la estructura de deuda constituyen una buena plataforma para presentarse al mundo financiero. Afirma que el régimen cambiario y el nivel de reservas le permiten al Banco Central absorber los shocks e intervenir en el mercado para reducir la volatilidad, como se hizo recientemente. Subraya que la inversión de UPM es una muy buena noticia, y una muy buena señal para los mercados financieros.

Destaca el documento de Arbeleche que la inversión en el cambio de la matriz energética vale la pena, y es una buena carta de presentación. Y otra cosa: el documento del Ministerio de Economía destaca el nivel de formalidad de la economía uruguaya, que dicho sea de paso en el 2004 la informalidad era del 42% y ahora es del 25%.

En síntesis: un discurso para afuera y otro para adentro, con la complicidad de una serie de economistas que influyen en lo medios y que construyeron un relato de que el país estaba en crisis.

8) Relaciones exteriores

El caso Talvi ya fue mencionado en el capítulo “Estamos preparados”. Tuvo una relevante actividad en los operativos de repatriación de uruguayos varados por el mundo, pero cuando comenzó a definir políticas en relaciones exteriores, comenzó a hacer ruido con la prédica de la coalición multicolor en los años pasados.

Se instaló fuertemente en la sociedad que había que pronunciarse acerca de si en Venezuela había o no dictadura.

Se le preguntaba hasta a Cavani. Talvi era una de las personas que reclamaba al anterior gobierno que definiera que Venezuela era una dictadura. Pero asumió como Canciller y allí vio que las relaciones exteriores no tienen mucho que ver con la demagogia. En el capítulo repatriados esa carga de que Maduro es un peligro para la Humanidad -como se construyó eficazmente- pesó a la hora de traer los varados en Caracas. A tal punto peso que estuvo casi un mes sin llamar al canciller venezolano para solucionar el retorno de los uruguayos. Hasta que lo hizo.

Quizás ahí se dio cuenta que ser canciller no es fácil, que hay cuestiones institucionales y lógicas de relaciones en el mundo que se deben cuidar o cumplir. Aquí vienen las declaraciones de Talvi como canciller que se oponen a las de Talvi candidato o a las de otros compañeros suyos de coalición.

Sobre Venezuela, Talvi dijo: “no corresponde” calificar a Venezuela de dictadura. Y señaló: hay dos caminos: la lucha violenta o la salida negociada. Uno no sabe si es Talvi o Nin Novoa el que habla.

Este tema y otros provocaron que Talvi se aleje de la cancillería. Asi se lo dijo al presidente Lacalle. Acordaron una salida “programada”.
Hace 15 dias se supo que el gobierno de Lacalle apoya el candidato de Estados Unidos para el BID y que Talvi está en contra de eso.

Lacalle no soportó más y lo echó. Vamos a ver que dice el nuevo canciller Bustillo cuando le consulten sobre Venezuela.

9) Política forestal

Carlos Faroppa, era presidente de la Sociedad de Productores Forestales y ahora es director Forestal de MGAP. La cónyuge es titular de padrones que se vieron afectados por la última ampliación como área protegida de la Quebrada de los Cuervos, en el gobierno anterior. La señora de Faroppa presentó un recurso porque la ampliación de la Quebrada como reserva, afecta su predio. Sin aviso, entraron a discusión 2 últimos artículos de la LUC que modifican la normativa sobre el ingreso de propiedades al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un conflicto a varias puntas. Conflicto de intereses.

Debido a su éxito en la instalación de Botnia, Faroppa fue contratado como “Asesor principal de Zamín Ferrous en Uruguay (Minera Aratirí)”, aunque esta vez no tuvo la misma suerte. Por último, aparece destacada en su currículum la integración del «Advisory Board» (Comité Asesor) del Union Agricultural Group, fondo de inversión internacional manejado por el ahora senador nacionalista Juan Sartori.

Hace pocos días, en InterCambio, se consultó al diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, sobre estos temas. Menéndez reveló que un particular redacto esos dos artículos que finalmente no se aprobaron.

¿Renunciará Faroppa a la firma consultora y las empresas forestales que integra? O, según establecen las normas vigentes, ¿informará “de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a su superior jerárquico, quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la permanencia del funcionario en la oficina”?